Consideraciones Legales respecto a los regalos corporativos

12 de diciembre 2018

Lima, 12 de diciembre del 2018.

Por: Christian Betancourt Kanashiro.

Con la reciente entrada en vigencia del Decreto Legislativo N°1385 que sanciona la corrupción en el sector privado, las empresas e instituciones se sienten en una disyuntiva por estas épocas festivas en que sus proveedores suelen realizar presentes a algunos de sus funcionarios y colaboradores.

La mencionada norma señala expresamente que “el socio, accionista, gerente, director, administrador, representante legal, apoderado, empleado o asesor de una persona jurídica de derecho privado, organización no gubernamental, asociación, fundación, comité, incluidos los entes no inscritos o sociedades irregulares, que directa o indirectamente acepta, reciba o solicita donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio indebido de cualquier naturaleza, para sí o para un tercero para realizar u omitir un acto que permita favorecer a otro en la adquisición o comercialización de bienes o mercancías, en la contratación de servicios comerciales o en las relaciones comerciales, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de cuatro años e inhabilitación conforme al inciso 4 del artículo 36 del Código Penal y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa”.

Ante esta situación, algunas empresas del sector privado han optado por prohibir a todo su personal la recepción de cualquier presente, donación o invitación; otras, han establecido límites de valorización monetaria de los presentes y en muchos casos, han optado por formar un “fondo” obligatorio común con todos los regalos recibidos por los funcionarios y empleados para posteriormente sortearlos entre todos.

Antes de analizar estas políticas empresariales, es importante determinar qué es lo que sanciona la ley. El Código Penal (Art. 241°), modificado por el citado Decreto Legislativo, sanciona la recepción de beneficios indebidos; es decir, para que se configure el delito debe existir una conducta dolosa del receptor para favorecer a otro en la contratación con la empresa que representa.

Recibir regalos e invitaciones de parte de empresas proveedoras podría interpretarse como un intento de éstas por influir en la decisión de continuidad de la relación comercial y por otro lado, esta continuidad podría interpretarse como una decisión “incentivada” del receptor por el beneficio personal. No obstante lo indicado,  los regalos e invitaciones de parte de empresas proveedoras también podrían interpretarse como actos de gratitud y estima (buena fe). Esta última interpretación es la que recoge y ampara el inciso q) del artículo 37° del Reglamento de la Ley de Impuesto a la Renta concordado con el numeral 8 del artículo 8 del Reglamento de Comprobantes de Pago, que permite deducir los gastos de representación de la renta bruta, entre ellos los obsequios e invitaciones a los clientes, estableciendo un tope deductivo del medio por ciento (0.5%) de los ingresos brutos, hasta un máximo de cuarenta (40) Unidades Impositivas Tributaria.

Cómo hemos visto, no existe prohibición legal para realizar presentes navideños o invitaciones a personal de las empresas privadas; sin embargo, es importante -no solamente- no incurrir en la conducta ilícita penal, sino también -de cara a preservar la buena reputación de las empresas- mantener una imagen de rectitud y transparencia. En tal sentido, resulta necesario que las empresas establezcan dentro de sus Reglamentos Internos de Trabajo políticas de obsequios y atenciones; a fin de evitar que estos beneficios se conviertan en indebidos; es decir, en «coimas» encubiertas. Para tal fin, se puede establecer un procedimiento administrativo de registro y límites de valorización monetaria de los presentes y atenciones. Del mismo modo, se deben establecer límites respecto a los obsequios y atenciones que las empresas estén dispuestas a brindar como gastos de representación a sus clientes.

Con estas políticas laborales se puede evitar, por ejemplo, que el Gerente de Compras de una empresa acepte un viaje al Mundial FIFA por parte de un proveedor o que un empleado se vea forzado a devolver una tarjeta o una agenda que le fue regalada por fiestas. Asimismo, también se evita la creación de los “fondos” comunes de regalos que terminan siendo repartidos por sorteo, lo cual podría ser considerado como una práctica arbitraria y confiscatoria.